Plazas de toros singulares tendrán 4 años para adaptarse al nuevo Reglamento valenciano.

Así lo ha anunciado hoy el conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, tras reunirse con representantes del mundo taurino para presentarles el nuevo reglamento autonómico, que entrará en vigor antes de que finalice el año y sustituirá a la normativa nacional.

Según ha recordado Castellano, las citadas plazas serán catalogadas como Patrimonio Cultural Valenciano para facilitar su adaptación normativa preservando sus características.

En la provincia de Valencia, los municipios con "un carácter excepcional" son Algemesí, donde celebran festejos taurinos desde hace más de 200 años, y Bocairent, cuya plaza de toros está tallada sobre una roca.

Castellón es la provincia con más municipios cuyas plazas de toros son también excepción: la propia capital de La Plana, Vinarós, Villafranca, Onda, Benasal, Morella, Vall d'Alba y Oropesa, donde la plaza de toros está situada en la falda de una montaña.

Y en la provincia de Alicante los municipios con plazas singulares son Monóver, Ondara y Elda.

Actualmente, estas plazas no pueden cumplir plenamente las condiciones técnicas establecidas en el nuevo reglamento valenciano, pero la Ley de Espectáculos Públicos prevé que, con carácter excepcional, se pueden conceder licencias de funcionamiento a edificios inscritos en el inventario general de Patrimonio Cultural Valenciano, siempre que se garantice la seguridad del edificio y de las personas.

De esta forma, estas plazas podrán seguir acogiendo espectáculos y contarán con un plazo de cuatro años para adaptarse a las condiciones exigidas por la nueva normativa.

El borrador del Reglamento de Espectáculos Taurinos está compuesto por 99 artículos ideados para compatibilizar "el respeto a a la tradición y a los animales con la máxima garantía de seguridad", ha explicado Castellano.

Además de la novedad sobre las plazas singulares, la normativa será "muy estricta" respecto a las condiciones de los servicios sanitarios, cuyo incumplimiento podría acarrear la suspensión del espectáculo.

También perseguirá la reventa de entradas en los aledaños de los recintos taurinos y a través de internet, y establecerá un plazo de "diez o quince días" de antelación para solicitar la celebración de festejos.